El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. La importancia que este organismo internacional otorga al agua queda reflejada también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que, este recurso, además de contar con un ODS propio, tiene una presencia transversal en todos ellos.
Resulta llamativa la “tardanza” del reconocimiento de este derecho que, no obstante, es esencial para la vida, salud y el desarrollo de la población. Otra de sus particularidades es que su consecución solo podrá lograrse con la participación de múltiples actores, de modo que el derecho humano al agua tiene un carácter “activo” (es necesario actuar e invertir para garantizarlo) y “colectivo”, ya que implica a múltiples agentes, con un papel preponderante de las administraciones públicas, al ser las encargadas de garantizar el suministro de agua y su continuidad.
El carácter vital del agua – se trata de un recurso imprescindible para la vida, para el empleo, la generación de energía, la producción de alimentos, la industria, el propio clima… – hace que el sector hídrico tenga el desequilibrio en su propia naturaleza. Esta característica de dar más de lo que recibe, intrínsecamente positiva, tiene, no obstante, una contrapartida a la que debemos prestar atención: la gestión del recurso debe mantener un equilibrio de costes para asegurar su continuidad y sostenibilidad. Así, conocer el valor del agua, tanto intangible como económico, es fundamental para garantizar su acceso universal.
En la actualidad, 1.100 millones de personas no tienen garantizado este derecho humano y, sin embargo, no se están priorizando las inversiones para su consecución. Una de las principales causas es precisamente la confusión entre el valor y el precio del agua, que impide una financiación adecuada de las inversiones en infraestructuras, un elemento básico para que el suministro funcione correctamente y aporte agua a la ciudadanía en cantidad y calidad suficientes.
El sector hídrico en España
El sector del agua en España es un referente internacional, tanto en innovación, como en experiencia y conocimiento. Con una gran capacidad de adaptación, España es un país líder en depuración, desalación, reutilización del agua y modernización de los regadíos.
Con respecto a la regulación, el agua en España es un bien demanial que carece de precio. Así, el agua, como tal, es gratuita, y el importe que pagan los consumidores finales es la contraprestación por los servicios que permiten disponer de agua apta para el consumo, su posterior depuración y devolución al medio natural en condiciones medioambientalmente aceptables. En el caso del ciclo urbano del agua, son los entes locales quienes repercuten en la factura la contraprestación por todos estos servicios, que no recae directamente sobre el usuario final.
En cuanto a la financiación de las infraestructuras hídricas, el sistema español sigue la línea del ODS 17 de Naciones Unidas, con un modelo en que el participan los presupuestos públicos, el sistema financiero y los usuarios finales. En la actualidad, las inversiones en infraestructuras resultan insuficientes, y el envejecimiento y la obsolescencia técnica amenazan al sostenimiento de la red.
España invierte en infraestructura de servicios del agua el 0,11% del PIB, un porcentaje inferior a la media europea, que se sitúa en el 0,27%, y hasta un 56% menos que los países de nuestro entorno como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. En la actualidad, hasta el 40% de nuestras redes de abastecimiento tiene más de 30 años, y esta deficitaria situación de la red genera pérdidas de agua que superan el 25% y aumenta los costes de operación y mantenimiento de los sistemas. Para revertirla, sería necesario invertir 3.858 millones de euros anuales, cifra que supera el 0,35% del PIB anual.
¿Cómo garantizar las inversiones necesarias?
La adecuación de las tarifas al valor real del agua es uno de los elementos básicos para garantizar las inversiones que requiere la red de suministro de agua. El 83% de los municipios españoles cubren los costes de explotación del agua (operación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras) a través de sus tarifas, pero no ocurre así con los costes de renovación, inversión y amortización, lo que demuestra que existe un déficit tarifario que compromete la renovación y modernización de la red.
España tiene los precios más bajos del agua en Europa, y, de hecho, es el único país de la UE donde las tarifas no permiten cubrir el 8% de los costes de operación del sistema, una situación que es especialmente aguda en pequeños municipios. Según diversos estudios, se requeriría un aumento de hasta un 30% en el precio del agua para cubrir costes ambientales, lo que podría llevarse a cabo a través de incrementos tarifarios, sostenibilidad financiera y aplicando el principio de recuperación de costes.
Es importante destacar que el hecho de no recuperar los costes significa subvencionar el consumo de agua con cargo a los presupuestos públicos, lo que supone indirectamente incentivarlo, una estrategia letal para el medio ambiente. Otra asignatura pendiente en el caso español es la heterogeneidad tarifaria, que conlleva variaciones en el precio del agua de hasta el 550% entre municipios y comunidades autónomas, el más alto de los países de la OCDE estudiados. Por ello, resulta necesaria una reestructuración tarifaria que no vulnere la competitividad ni el Derecho de la competencia.
Modernizar el sector hídrico español
El sector hídrico español continúa siendo un gran referente internacional por su rentabilidad y buen hacer y, con una inversión insuficiente, ha demostrado ser enormemente eficaz y competitivo. Para mantener y reforzar este liderazgo, es preciso mejorar la inversión en infraestructuras a través de un incremento tarifario en línea con los países del entorno, así como garantizar la competencia y la eficiencia dinámica del mercado para atraer inversión.
Esta eficiencia podría apuntalarse mediante la creación de un regulador independiente, la centralización de las competencias, la reducción de la dispersión normativa, el desarrollo de la Ley del ciclo integral del agua urbana, la flexibilización de la contratación pública y el refuerzo de la transparencia y la gobernanza.
La digitalización y la innovación, así como la generación de economías de escala para afrontar los retos financieros son otros elementos básicos para modernizar el sector, constituyen otras estrategias decisivas de crecimiento, sin dejar de lado un reto de capital importancia: la concienciación ciudadana.
Es imperativo sensibilizar a la sociedad de que la gestión del agua tiene costes, que deben cubrirse conforme a una estructura tarifaria sostenible. Es el modo de garantizar el acceso al agua a las generaciones presentes y proteger a las futuras.
Autor: Asensio Navarro Ortega
