El IV Foro de la Economía del Agua, tuvo lugar el 5 de abril de 2017 en Barcelona. Con este evento en Barcelona se da cumplimiento a uno de los compromisos iniciales de la iniciativa: ampliar el debate y acercar el espacio de reflexión a distintos lugares de la geografía nacional. Este IV Foro contó con un nivel de participación internacional de máximo nivel que permitió abordar la temática de los “RETOS Y DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR DEL AGUA EN EL SIGLO XXI” con referencias nacionales enriquecidas con la óptica y experiencias de otros lugares del mundo.

Retos y desafíos sociales y de gobernanza, de la regulación, de la coordinación de las políticas, generales y sectoriales, también el reto de la sostenibilidad en relación al agua, al cambio climático en incluso de las ciudades que habitamos.

Una presentación del Premio Nobel de la Paz 2007, Mohan Munasinghe sobre Agua, cambio climático y sostenibilidad da inicio a la reunión, y se cierra con Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en el año 2014, que expone los desafíos para las políticas públicas en el siglo XXI que plantea el conocimiento, la digitalización de la economía y los nuevos procesos industriales. El resto de la jornada la conformaron destacados expertos nacionales e internacionales, que se centraron en el análisis de todos y cada uno de los retos y desafíos que nos depara el Siglo XXI, los sociales y de gobernanza en relación al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en países desarrollados, los de regulación para alinear intereses individuales y objetivos sociales y cómo se aborda esto en países como Portugal y Reino Unido; los de coordinación de las políticas, su enfoque a nivel europeo así como la experiencia portuguesa también en esta materia; y la sostenibilidad de las ciudades del presente y los importantes desafíos para los grandes conglomerados urbanos del futuro. El Foro finaliza con la reflexión de Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua acerca de lo tratado durante la jornada.

El agua es también un tema relevante para los países desarrollados. En los países de la OCDE aun teniendo cobertura universal, los niveles de prestación del servicio tal y como existen no están garantizados para el futuro y ello por razones de inversión y financiación necesaria para la renovación de infraestructuras.

La cobertura universal es sólo uno de los riesgos, hay otros tres riesgos a manejar: de exceso de agua (cambio climático), de poca agua (sequías) y la mala calidad del agua. Tras quince años de la Directiva Marco, además de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el agua e incluso recomendaciones de la OCDE, entre otros, el sector enfrenta grandes desafíos de implementación: existen y se conocen muchas soluciones técnicas, financieras e institucionales a la crisis del agua pero resultan difíciles de implantar.

Un gran desafío es la rendición de cuentas. El ciudadano debe tomar conciencia de que es necesario hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos (rendición de cuentas) y debemos disponer de las herramientas que permitan medir si la gobernanza del sector es la adecuada.

La OCDE ha hecho un gran esfuerzo para lograr que los países incluso los desarrollados entiendan hoy el agua como factor conector de políticas más allá de intereses sectoriales.

La transparencia, la rendición de cuentas y no sustraer el debate sobre el agua al ciudadano son temas esenciales a día de hoy.

Existen grandes desafíos también en países de la Unión Europea, si bien muchos de estos permanecen ocultos, en gran medida, por un problema de enmarque que trae como consecuencia el alejamiento del ciudadano de las soluciones. También en el sector se dan con demasiado frecuencia respuestas reactivas o de emergencia en lugar de anticipar y prever.

Se debe aspirar a visibilizar cuáles deben ser los objetivos de política pública -distinto de los objetivos intermedios como cuestiones instrumentales (técnicos, financieros, etc.)-; trasladar al ciudadano que la gestión del agua conlleva el manejo de los riesgos , algunos de los cuáles deben ser asumidos en parte por él (por el ciudadano), además de por el sector financiero, el privado y los organismos multilaterales, entre otros actores implicados; y hacer entender que todos, como parte de un modelo inclusivo, “somos” necesarios para avanzar en la gestión del recurso y los servicios.

El agua es un bien público que genera externalidades positivas y también es un producto como cualquier otro que necesita ser regulado. Forma parte de un marco regulador más amplio en el que participan agencias medioambientales, se aplican estándares fijados internacionalmente y en el que también hay dos entes gubernamentales vigilantes: Medioambiente y Asuntos Rurales y Agricultura que proporcionan directrices aun manteniendo la independencia económica.

El gobierno de Inglaterra fija unas líneas estrategias que, sobre las base de las obligaciones legales, permiten autonomía de decisión. Así, en Inglaterra, con una cultura de profunda competencia, se ha abierto un mercado minorista del agua cosa que no ha ocurrido en Gales, más escépticos en el tema de la competencia, y donde se regula el precio.
Los deberes son claros: tratar y cuidar a los usuarios del agua como clientes, asegurar que los clientes consiguen una factura baja por el agua, tener en cuenta la resiliencia de la red en función de los estándares actuales y la mayor demanda que se enfrenta, la seguridad del abastecimiento, la independencia financiera de las empresas operadoras para prestar adecuadamente los servicios. En el cumplimiento de estos deberes se tiene en cuenta también la protección medioambiental la cual repercute en el precio del agua a través de la factura.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas se podrán alcanzar si los países son capaces de manejar múltiples variables que tienen que ver con dotarse de unas políticas sólidas, tener una idea clara sobre la estrategia a largo plazo, un buen marco legal, un marco institucional sólido, definir los objetivos a lograr para dar cobertura de calidad a la población, tener una política de tarifas sólida, desarrollar investigación y ser efectivos operativamente.

Cada país requiere pensar en la mejor solución para sí mismo según su cultura y contexto, entre otros factores. Portugal, por ejemplo, decidió dotarse de un modelo con un regulador con responsabilidad respecto a todos los servicios públicos, tener una sola estructura para la regulación de todos los servicios en relación a los contratos, las tarifas, la calidad del agua para el consumo, etc. El proceso fue largo pero hoy día la situación es estable, el regulador es independiente y las relaciones entre la política y los técnicos son productivas. Éstas deben ser siempre de permanente debate pero con distinción de roles.

Cualquier país que tenga problemas de agua debe desarrollar unas políticas muy sólidas y la regulación es una pieza muy importante que ha de ser producida desde la independencia orgánica, funcional y financiera.

Cuando el regulador es independiente puede apartarse de la coyuntura política y tener una visión de largo plazo; también puede fijar precios que den confianza a los inversores y corrijan el problema del monopolio natural de que las empresas fijen un precio que maximizaría necesariamente sus beneficios. También tiene las condiciones para reclutar expertos en estos sectores complejos.

Es necesario añadir una cuarta “P” de “People” a la idea de los PPP (Public Private Partnership), es decir, implicar a los ciudadanos/contribuyentes, dar contenido a la “Agenda Akerlof” en la economía del agua y desarrollar un relato compartido para abordar y plantear soluciones al problema de las inversiones necesarias para tener un ciclo del agua sostenible, eficiente y equitativo.

No está suficientemente estudiado el tema de la gestión pública o privada y esta es una cuestión relevante pues aunque ambas funcionan no son lo mismo. Queda por analizar y profundizar en el conocimiento de qué características tienen las poblaciones en las que la gestión pública funciona bien y cuáles predominan en aquellas en las que funciona bien la gestión privada o concesional: los expertos debemos ser cuidadosos con estas transiciones pues ha de haber un debate transparente y sin miedos.

El envejecimiento de las infraestructuras del agua que, en términos generales, supera los cincuenta años junto al exponencial aumento de la población global (estimación de 10.000 millones de personas) en el horizonte del 2050 constituye un reto de gran envergadura. Este crecimiento será casi en exclusiva urbano (2.500 millones de personas viviendo en las ciudades para esa fecha) e impactará significativamente las necesidades de servicios.

Este escenario nos trae de vuelta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con la pobreza, la sanidad, el agua, la energía, las ciudades sostenibles, entre otros. Se trata de objetivos indivisibles y no intercambiables entre sí en función de preferencias, todos ellos deben ser abordados en su conjunto.

Si bien la punta del iceberg es la cuestión de las infraestructuras, hay otros retos como el de la economía circular para la conversión de flujos de deshechos en flujos de recursos y los incentivos adecuados que permitan el desarrollo de estos procesos complejos. Otros procesos como los cambios demográficos, el crecimiento económico y el cambio climático añaden retos e impactan el sector del agua.

Es necesario visibilizar que el agua “no viene del grifo”; los servicios de agua se han desarrollado tanto que han quedado en la sombra temas fundamentales como los acuíferos y, en este sentido, no hay seguridad hídrica o sea un suministro seguro en cantidad y calidad si no se estudian las fuentes cuidadosamente.

El agua sin duda se ha convertido en una industria muy importante que ha logrado elevar su posición en las agendas políticas muchas veces con dinámicas distintas, bien sea a nivel mundial, europeo, nacional, regional o local. Todas ellas deben estar armonizadas y no enfrentadas entre sí.

La integración de los servicios no puede ir en detrimento de la necesaria especialización de los mismos ni de la merma de unas funciones en relación a otras; el agua debe estar integrada con grandes niveles de gobernanza y los servicios deberían verse como uno más de los usos de los recursos hídricos; las autoridades del agua deben ser democráticas y transparentes, con poder suficiente para implementar sus decisiones y estar en sintonía con sus partes interesadas.

Hoy muchas ciudades ya son estados en sí mismas, con un PIB mayor al de algunas naciones, con gran autonomía y capacidad de negociación marcando incluso las agendas de los estados: ¿cómo se van reorganizar?, ¿cuáles van a ser las verdaderas presiones que van a sufrir? El espacio se tiene que reorganizar, también la movilidad, la gestión de los recursos energéticos y el agua como uno de los recursos fundamentales para la vida.

Las “4C”: competir (capacidad de superación y mejora), convivir (necesidades emocionales), compartir (disponibilidad de recursos) y conectividad (la demanda es tan potente hoy que nos ha llevado a un mundo en el que la oferta es global) son los grandes retos del futuro. En un contexto de recursos naturales muy limitados, la necesidad de gestionar y cuidar el limitado recurso del agua resulta evidente.

Estamos ante una etapa de desafíos urbanos globales pues por primera vez el planeta es esencialmente urbano. Hay un dato que pasa desapercibido y es que las ciudades medias van a constituir la forma mayoritaria de vida urbana. Éstas no han cometido los errores de las megalópolis o grandes conurbaciones y aún hoy tienen la posibilidad de lograr un modelo urbano mejor que el actual. Esto depende de nosotros mismos.

Las amenazas en materia de desarrollo urbano y vivienda son: la fragmentación y desigualdad social, el déficit habitacional (carestía de la vivienda), el impacto ambiental de la urbanización, el incremento de los costes asociados a la dispersión territorial, el declive de los centros urbanos tradicionales, el impacto del automóvil, el impacto del cambio climático y la debilidad institucional que dificulta la solución de los problemas.

El planteamiento territorial convencional ya no ofrece soluciones adecuadas y tiene que dar paso a una visión reconocedora de la complejidad, de la pluralidad social, que asuma la incertidumbre y abra espacios a la innovación, que devuelva la ciudad a sus habitantes. El valor singular del espacio público hace ciudad y también hace ciudadanía y así debe ser entendida la ciudad contemporánea.