Durante la primera sesión del día, Luis Felipe López, Subsecretario General de la ONU, Director Regional para América Latina y el Caribe en el PNUD, abordó el ODS 6, Agua limpia y saneamiento, fijado por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el cual se propone garantizar la disponibilidad, la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, para que este derecho humano no sea vulnerado.

Sobre el acceso en América Latina, expresó: “Existen todavía brechas muy grandes en nuestra región y en nuestros países. Particularmente las mujeres se ven afectadas. La recolección de agua recae fundamentalmente o de manera desproporcionada sobre ellas, por lo que es un tema también de género”.

En tanto, aseguró que “el agua limpia y el saneamiento son esenciales para el desarrollo sostenible y equitativo” y desarrolló: “Necesitamos cambiar culturalmente; pensar en normas y valores sociales de protección a los acervos naturales; incentivos que afecten la manera como utilizamos el agua; reglamentos que puedan determinar y limitar el uso; y finalmente, lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, tomar a la naturaleza como un motor en el desarrollo y no simplemente como un insumo que podemos afectar”.

En la misma línea, sostuvo que “el cambio climático exacerba las desigualdades generadas por la crisis del agua”, y que el problema con la gestión del agua pasa principalmente por la gobernanza de este recurso, y no por su falta de disponibilidad. Asimismo, se refirió a la relevancia de la adaptación y la mitigación al clima como estrategias complementarias para reducir los riesgos.

A modo de cierre de la primera sesión, analizó que las dimensiones para abordar desde una perspectiva de gobernanza a la crisis del agua son sociales, económicas, políticas y ambientales.

“La dimensión social debe tenerse en cuenta porque tiene que ser equitativa; la económica, porque necesitamos tener al agua como insumo; la política, porque es el proceso de decisiones para decidir las reglas que lleven a una gestión eficiente e inclusiva; y finalmente la ambiental, porque debemos verla como un acervo natural, y tener el lente puesto en los servicios ecosistémicos que nos otorgan la gestión sostenible”, concluyó.

La segunda sesión, “La regulación como mecanismo de lucha frente a la crisis hídrica”, contó con la participación de Francesc Trillas, Profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona; Joaquín Melgarejo, Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante; y Magaly Espinosa, economista chilena, asesora del Ministerio de Obras Públicas de Chile y exsuperintendente Servicios Sanitarios de Chile durante 10 años.

En ese contexto, Francesc Trillas se refirió a los mecanismos institucionales e históricos que se han ido desarrollando lo largo de la historia para mitigar el problema de la tendencia a la infrainversión de la propiedad pública, como la creación de agencias reguladoras independientes, legislación detallada, arbitraje internacional, entre otras.

“Lo que tiene de especial el momento actual es la salida a la superficie del problema gravísimo del cambio climático, que requiere inversiones y decisiones políticas importantes”, expuso y agregó al respecto que “el mayor papel del Estado en la economía está aquí para quedarse; la cuestión no es si tiene que haber más o menos, sino cuál Estado. Estado cómo. Incluso los autores más liberales de la economía ya no se proponen reducirlo, se proponen mejorarlo”. Asimismo, manifestó que la actuación del pública necesita del consenso de la población, así como decisiones políticas firmes.

También ponderó otros factores de impacto, como la emergencia en nuestro tiempo de las desigualdades, sobre las cuales “la sociedad exige soluciones”, y que, si bien existen reacciones que afirman que “la economía de la regulación no tiene que preocuparse por esto”, contrapuso que en una sociedad democrática “es muy difícil separar”.

Algunas reformas posibles al modelo de regulación con empresas privadas y agencias independientes, para hacerlo robusto a la disrupción política y que contribuya a la estabilidad política, serían mejorar la coordinación horizontal de la regulación con el resto del gobierno, puesto que “la regulación del agua y la energía no se pueden situar al costado del cambio climático”; la coordinación vertical, “el caso del agua es clarísimo, porque intervienen distintos niveles del gobierno y hay que explotar economías de escala, así como aprovechar el conocimiento local”; la gestión de la comunicación, porque “desde los gobiernos y las empresas se deja de lado el explicar las cosas”; así como la colaboración público privada “como complemento de gobiernos de alta capacidad a todos los niveles”.

A continuación, Joaquín Melgarejo, Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de Alicante, aportó: “El agua es tanto un derecho como una responsabilidad; y no es un bien ilimitado como se creía en los tiempos de la ilustración”. En este sentido, expuso que cuando observamos la evolución del número de habitantes en el mundo y de la disponibilidad media de agua, vemos que esto tiene una relación extraordinariamente directa: el agua disponible ha ido reduciéndose en términos de metros cúbicos por persona y año, y se estima que el déficit del agua global para el 2030 puede llegar al 40% de la población.

Entre las posibles soluciones, evaluó la alternativa de invertir en la gestión integrada de los recursos hídricos, en línea con el ODS 6 de Naciones Unidas que apunta a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, en un contexto en el que una de cada tres personas vive en el planeta sin agua potable, mientras que 2000 millones de personas se abastecen de fuentes de agua contaminadas por heces. “El saneamiento sostenible comienza con un retrete, lo que es absolutamente imprescindible para garantizar cuestiones de higiene, de género y de seguridad ambiental”, aseveró.

Sobre el agua y la economía circular, expuso que tras el tratamiento adecuado, el agua “puede ser perfectamente reutilizada para la práctica totalidad de los usos”. Los lodos, antes considerados residuos, pasan a ser fuente de nuevos insumos, con valorización agrícola, energética, y otras aplicaciones como biocombustibles, materiales de construcción, bioclásticos. De este modo, se puede generar un rescate de nutrientes tan importantes como el fósforo y los nitratos, y avanzar en la obtención de biogás metano, que junto con el acompañamiento de instalaciones fotovoltaicas, puede hacer que las plantas depuradoras sean autosuficientes energéticamente.

En tanto, desarrolló en torno a la necesidad de realizar grandes inversiones para financiar la creación y mantenimiento de infraestructuras, especialmente en el abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización, que sería imprescindible la colaboración público-privada. “Uno de los obstáculos más importantes para la economía circular y el agua es la falta de financiación, así como otros aspectos económicos. Entre los más importantes, está la viabilidad económica a largo plazo -advirtió-. Debemos ser conscientes del coste de la no acción y del valor del agua”.

Por su parte, Magaly Espinosa, economista chilena, asesora del Ministerio de Obras Públicas de Chile y exsuperintendente Servicios Sanitarios de Chile durante 10 años, se refirió al marco regulatorio aplicado en Chile. Afirmó que el cambio climático llegó para quedarse y que es necesario adaptar la regulación, que tiene 30 años de antigüedad.

Sobre el panorama en el país andino, analizó que, si bien el país en vías de desarrollo “presenta indicadores de coberturas y calidad de agua, de servicios sanitarios en general, sobresalientes en comparación con América Latina y en comparación con países también de la OCDE», también contiene «diferencias significativas entre el ámbito urbano y el ámbito rural”.

Al respecto, destacó que el 12% de la población chilena vive en áreas rurales, lo que representa a 2,2 millones de personas, y que el 47% de sus viviendas no obtiene agua a través de la red pública, sino de parte de pozo o noria, camión aljibe u otra solución.

«La población abastecida en el territorio urbano es del 100% en materia de agua potable, 97% de alcantarillado y 100% se tratamiento de aguas servidas. Para la población rural, se estima que el abastecimiento de agua potable alcanza a un 70%, el alcantarillado, a un 40% y el tratamiento, a 15%», comparó.

La tercera sesión, “El Agua en el centro del conflicto medioambiental”, tuvo entre sus ponentes a Alvar Escrivá-Bou, Research Fellow, Public Policy Institute of California, quien se refirió al planeamiento de incentivos y herramientas para la toma de decisiones, los incentivos a la colaboración público privada, y las herramientas de gestión de la información, como los tres aspectos clave a la hora de alcanzar una buena gobernanza del agua.

Entre las políticas de éxito que se han tomado en California y que podrían ser extrapolables, mencionó: “Muchas veces confundimos los datos con la información. Hay que saber destilar esos datos y aportar de alguna manera para que puedan ser claves y entendibles para que los decisores los puedan usar”. Asimismo, estimó que la descentralización de la gestión crea “compartimientos estancos”, por lo que “es muy importante crear estos sistemas de cruce de información”.

Sobre las áreas a mejorar, expuso que hay entre 200 mil y un millón de personas que acceden a agua contaminada o que no tienen garantizado el suministro constante. Por ello, se está poniendo en el centro la equidad: “No podemos poner por encima eficiencia económica cuando no todo el mundo tiene acceso a agua”, manifestó.

Tampoco han conseguido llegar a una gestión sostenible de los ecosistemas, por lo que están trazando “planes ambientales de cuenca que tengan en cuenta las necesidades de estos ecosistemas”. En este sentido, el cambio climático aparece como un factor de impacto en “un sistema cada vez más inestable, más incierto, más variable”, que hace imperante contar con “herramientas de flexibilidad para ser capaces de poder adaptarnos” a la situación.

“No es tan importante que la gestión sea privada o pública, sino que sea transparente; que tenga indicadores objetivos que podamos analizar -concluyó-. La transparencia de la información puede hacer que quienes tengan acceso a los datos hagan análisis rigurosos que puedan mejorar estos servicios”.

Por otro lado, Marcelo Mena, Ingeniero bioquímico y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Director del Centro de Acción Climática y exministro de Medio Ambiente de Chile, manifestó que “la escasez hídrica es el talón de Aquiles del desarrollo y el bienestar del país” andino.

“Hemos sido un poco lentos en la implementación de normas de calidad de agua secundaria”, afirmó. En tanto, se refirió a los conflictos en torno a las prioridades en la asignación del recurso: “Tenemos que empezar a reconocer este conflicto que tenemos entre actividades productivas y ser capaces de poder hablar con objetividad”.

En torno al proyecto de Ley de protección de glaciares, manifestó que la conservación de los mismos “va a ser fundamental con respecto a la sustentabilidad que tengamos con el recurso hídrico”. Sobre la oposición del Consejo Minero, cuestionó: “Hay proyectos mineros que decían que no iban a impactar en los glaciares pero terminaron impactando”.

“En la práctica, hoy día tenemos una gran cantidad de conflictos en torno al uso del agua y si no tenemos un diagnóstico común de cómo resolverlo, esto va a terminar perpetrándose por mucho tiempo adelante y eso, muchas veces, significa inacción y que no se resuelven los problemas”, sintetizó a modo de cierre.

La cuarta y última sesión de la jornada fue “El agua en la Constitución: ventajas, inconvenientes y oportunidades”. Allí Estanislao Arana, Director Académico del Foro de la Economía del Agua, evaluó “en qué medida es conveniente o no, en qué grado, cuál debe ser ese detalle que debe tener en su caso el reconocimiento del agua en la Constitución”.

“La Constitución, en definitiva, es el fruto de un pacto social fundante nuevo. Es el fruto de un acuerdo amplio de todas las fuerzas políticas y sociales. No podemos en el siglo XXI aprobar constituciones de partido. No queremos eso. Queremos constituciones de país y nación. La regla en la legislación ordinaria es la mayoría, la aprobación por mayoría. La regla en una Constitución es el consenso. Si no hay consenso no vamos a tener una Constitución. Esa es la regla principal que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir cómo llevar el agua a la Constitución”, desarrolló.

“El agua forma parte de esa realidad sociológica e histórica de la realidad y, por lo tanto, aunque no ha sido así de manera tradicional (en España o Alemania no es así) estamos en un nuevo contexto donde el agua a lo mejor merece ser recogida en la Constitución porque hay de verdad una necesidad y una vocación social de reflejarla -continuó-. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque si no se lleva el consenso del agua a la Constitución podemos generar mucha frustración social”.

Verónica Delgado, abogada, profesora en la Universidad de Concepción, y Directora del Programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC) de la Universidad de Concepción, consideró: “Tenemos que buscar consensos. Tenemos que ser realistas pero ambiciosos. Digo realistas porque tenemos que representar una Constitución que diga cuál es la realidad de hoy y que asuma el deterioro ambiental, la vulnerabilidad climática. Nuestra mayor vulnerabilidad es el agua, entonces pensemos en una Constitución para 40 o 50 años con estrés hídrico seguramente. Y tenemos que buscar la equidad, la igualdad y la protección”.

Por otro lado, señaló que Chile es el único país miembro de la OCDE que no tiene gestión integrada de cuencas. En materia de ordenamiento territorial, si bien hay planificación en suelos urbanos, no hay un ordenamiento del territorio en suelo rural. “Sin ordenamiento territorial siempre gana la normativa sectorial. El Código de Minería le gana a lo ambiental. La normativa agrícola con los cambios uso de suelo le gana a lo ambiental y le gana a la mirada integral. Nos ocurre también con lo forestal”, cuestionó.

Para combatir la crisis hídrica, estimó que el Estado y sus agencias deberán garantizar modelos sustentables de desarrollo con baja huella hídrica y de carbono. “Estos objetivos deberán ser integrados en las diferentes políticas de ámbito sectorial -agregó-. Todo el Estado debe tributar a la sostenibilidad en sus políticas, en sus incentivos incluso fiscales y deberán ser además fundamentados cuando se tomen las decisiones”.

Asimismo, manifestó que toda concesión sobre elementos del mediomabiente debe ser entregada de manera temporal, no permanentes como sucede con el agua; tener cierto estándar y que se pueda revocar. “Tratemos que el derecho nazca con mayores exigencias”, opinó. Por último, dijo: “Es la primera Constitución que va a dictarse después del Acuerdo de París, por lo tanto es esperable que, siendo siempre una Constitución con los pilares fundamentales que no tienen que caer, tiene que dar un mensaje muy grande”.

Por su parte, Humberto Peña, Asesor en DiAgua, ex Director de Agua en la Dirección General de Aguas de Chile, Ingeniero Civil hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expuso que la Constitución “debe responder a la realidad concreta”, es decir, a “la condición de escasez agravada con el tema del cambio climático. Una Constitución en un país con abundancia de agua no puede ser similar a una que tiene el problema extremo de escasez como en el caso de Chile”.

Por otro lado, analizó que un segundo elemento de contexto es el papel que juega el agua a través de sus distintas funciones. Desde luego para abastecer la población, pero también como factor clave para su desarrollo económico: la relación entre el agua, la producción y la agricultura siempre fue muy importante.

“En la actualidad, las exportaciones nacionales en un 83% están relacionadas con la gestión del agua a través del derecho de aprovechamiento. Más del 20% del PIB está relacionado con estas actividades, más del 20% del empleo en el país se relaciona directamente con estas actividades como la minería, agricultura, la celulosa… Son todas actividades clave en el país y dependen del agua. Ahora hay regiones que más del 50% de sus productos están ligados directamente al recurso hídrico”, continuó.

Por ello, hay un deterioro ambiental asociado a lo anterior “que también es una realidad de la que hay que hacerse cargo”. Esta situación, que se abordó en materia legislativa recién a partir de los años ‘90, aún presenta “brechas importantes que se mantienen”.

En torno a la Constitución, estimó que debiera tratarse de “un marco general compartido”, que responda al “desafío que tiene la gestión del agua en el país y que, en definitiva, sirva de verdadera orientación para abordar ese futuro en el cual queremos compartir sus beneficios. Sería definir esta orientación pública hacia estos grandes objetivos compartidos y dar certeza a la acción del Estado, las personas y empresas en una materia en la que la toma de decisiones es de muy largo plazo”.

Por último, enumeró 7 elementos en torno al agua que debieran estar presentes en la Constitución: que reconozca el papel del agua para la sociedad, la economía y la naturaleza; que establezca el interés público en la gestión, donde el carácter nacional de dominio es absolutamente indispensable; el reconocimiento al derecho humano al acceso y al saneamiento; que refleje un desarrollo equilibrado según los principios de desarrollo sostenible; que exprese la obligación del Estado de velar por el uso responsable y beneficioso del agua; la existencia de derecho privativo; y la gestión integrada del recurso hídrico en el país.

Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas, cargo que ocupa en la actualidad. También ha sido presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Icare, Fundación Teletón; y ha ocupado cargos directivos en Fundación Paz Ciudadana, Patronato Nacional de la Infancia, Universidad del Desarrollo, Teatro Municipal y Fundación Libertad y Desarrollo, entre otros.

Presidente Foro de la Economía del Agua, Coautor y coordinador del Libro Blanco de la Economía del Agua. Desarrolla su actividad profesional como vicepresidente de Axesor. Senior Advisor de McGraw Hill Education España. Fundador de BForPlanet, primer gran evento global sobre sostenibilidad. Francisco ha sido nombrado European Climate Pact Ambassador en 2021.

Cuenta con más de veinte años de experiencia en numerosas Consejos de Administración y en la Alta Dirección de empresas con presencia en España, Portugal, Irlanda o Latinoamérica, habiendo sido en muchas de ellas responsable de Responsabilidad Social y de Sostenibilidad.