Se proyecta que la inversión mundial en capital en plantas de desalación y reutilización de agua aumentará globalmente a un ritmo sin precedentes (más del 60%) en 2022, tomando 2013 como año de referencia (GWI DesalData, 2017). Actualmente, la capacidad total anual de reutilización contratada ya supera en más del doble a la desalación de agua de mar y agua salobre. La participación de la reutilización del agua en la mayor parte de países del mundo, ya sea aquellos donde se da escasez de agua recurrente o estructural o claras oportunidades de mejorar la eficiencia del uso del agua, aún está lejos de ser relevante: existe un amplio margen para la expansión de la capacidad instalada de reutilización del agua en todo el mundo, siempre que se den las condiciones para ello. Las barreras tecnológicas están ya lejos de ser restricciones vinculantes. Los tratamientos terciarios o avanzados que combinan la ultrafiltración o la microfiltración con ósmosis inversa y procesos de desinfección más avanzados como la radiación ultravioleta o la ozonización, han superado buena parte de los desafíos tecnológicos. Es decir, la gobernanza, incluyendo la falta crónica de inversión en desarrollo institucional y capital humano, sigue siendo una preocupación mayor. Hay quien sugiere que también lo es la financiación pero, ¿en qué sentido?
Desde una lectura algo simplista, podría parecer que lo que impide la expansión de la reutilización es la brecha de financiación, mucho más en tiempos de crisis económica y financiera, bien sin culminar o con amplia onda expansiva en regiones diferentes al epicentro de la misma (el mercado de hipotecas de alto riesgo y algunas economías de la zona Euro). Sin embargo, la falta de evaluaciones económicas sólidas y el sesgo de los análisis financieros convencionales también obstaculizan el desarrollo de inversiones más ambiciosas en la reutilización de aguas regeneradas. Parece esencial ir más allá de esquemas de fijación de precios para la recuperación de costes financieros (capital, operación y mantenimiento) para poner precio a la seguridad hídrica a medio y largo plazo, diseñando así incentivos adecuados para la reutilización; en otras palabras, es imprescindible que los precios miren al futuro y no al pasado.
Por otro lado, una cosa es disponer de los recursos necesarios para poner proyectos de reutilización en marcha y otra bien diferente es garantizar que los mismos son sostenibles desde un punto de vista financiero a largo plazo. Esto conduce a un debate ineludible: ¿quién debe pagar en última instancia por la reutilización, como parte de estrategias ambiciosas de economía circular? ¿Los usuarios finales, otros usuarios de agua, los contribuyentes…?
Es crucial entender las sinergias y los mecanismos de compensación entre los diferentes instrumentos de financiación pública nacional (bien a partir del Presupuesto General del Estado o de fondos europeos) y las tarifas que pagan los usuarios finales. Es igualmente esencial abordar el potencial desplazamiento mutuo (crowding out) de diferentes fuentes de financiación (públicas, privadas y, en el caso de países menos desarrollados, procedentes de la ayuda oficial al desarrollo o mecanismos de financiación combinada -blended finance-.
El diseño de tarifas para el agua a reutilizar, las tarifas para la recuperación y el tratamiento avanzado de aguas residuales o los subsidios cruzados del suministro de agua potable a la reutilización del agua son tan relevantes como las diferentes vías de recursos financieros en sí. Y en el contexto de las mismas, conviene tener presentes dos fuentes de ingresos potencialmente más significativas que el propio agua reutilizada en sí: la recuperación de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) o energía (biogás) que, a su vez, también apunta a créditos de carbono y otras derivaciones interesantes.
Es primordial tener en cuenta que la capacidad de reutilización del agua se hace real en un entorno competitivo: las aguas residuales recuperadas y regeneradas compiten con otras fuentes de suministro. Esto significa, en la práctica, que todas las fuentes de agua deben reflejar un precio más preciso, como resultado de plasmar el coste total del suministro de agua en general, que es lo que verdaderamente contribuye a la seguridad hídrica, más que una u otra fuente.
La piedra angular podría estar en hacer compatible el ciclo de las políticas y el ciclo de los proyectos; los tiempos de la política con mayúsculas y de cada una de las iniciativas concretas de reutilización. Es decir, es necesario adoptar miradas estratégicas, de largo plazo, sin perder nunca la perspectiva de los objetivos que se pretenden conseguir y sin quedarse atrapados en discusiones que pueden ser muy importantes pero no son más que instrumentales. A fin de cuentas, la reutilización, altamente deseable, no es más que un medio para un fin.
Gonzalo Delacámara – Director Académico del Foro de la Economía del Agua, Coordinador del Departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua y del Libro Blanco de la Economía del Agua (McGraw Hill, 2017).