Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua
El cambio climático está exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos y la sequía. Unido a este proceso de origen antropogénico, nos encontramos en la actualidad en una fase del clima más cálido, que genera escasez de precipitaciones y aumento de las temperaturas. Este escenario genera una serie de problemas que requieren un abordaje multinivel, combinando medidas legislativas, políticas públicas y concienciación individual y social.
El plano legislativo
Se está realizando un esfuerzo muy importante a nivel normativo e institucional en torno al cambio climático y la protección del medio ambiente. No obstante, los problemas y su alcance son de tal trascendencia que no podemos decir que este esfuerzo esté siendo suficiente.
En lo que a la sequía se refiere, son muchas las iniciativas que hay en el plano normativo, tanto internacional como europeo y nacional. Naciones Unidas cuenta con una convención específica que data de 1994, ratificada en España en 1996, sobre la desertificación provocada por la sequía. En el plano de la propia Unión Europea, hay una política decidida a favor de la protección de los recursos hídricos; mientras que, a nivel nacional, las particularidades geográficas de España han provocado que desde hace mucho tiempo se hayan adoptado abundantes medidas a nivel normativo e institucional.
Esta labor en este plano normativo debe complementarse con esfuerzos a otros niveles. Cualquier problema ambiental, especialmente los relacionados con el agua, tienen un alto componente de responsabilidad individual y social. Como individuos, no tenemos que esperar que sean las instituciones públicas las que nos salven, son las encargadas de marcar unas líneas de actuación, pero al final es la concienciación individual y colectiva como sociedad la que va a lograr los mayores avances.
Las alianzas, claves para luchar contra la sequía
La sequía es un problema que afecta a múltiples aspectos. Sin duda, lo que más preocupa a gobiernos, legisladores y sociedad son las dificultades de acceso de la población al agua, pero los efectos de la sequía van mucho más allá de la dificultad de proveer de agua potable a una población: repercute negativamente sobre la agricultura, sobre la entera actividad económica y sobre el medio ambiente; provoca desertización, pérdida de calidad de la tierra, pandemias, plagas…
Recientemente, la Oficina de para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha emitido un informe en que señala que “abordar toda la complejidad de la sequía y reducir el riesgo requerirá asociaciones, concienciación y participación en todos los niveles”. Y es que las alianzas son clave para luchar contra la sequía, como también lo son para cualquier faceta de la gestión y la gobernanza del agua.
A nivel administrativo, la sequía solo se puede atajar si todas las administraciones públicas están implicadas, cada una en su ámbito de responsabilidad, así como la sociedad civil, que solo puede implicarse realmente si existen canales adecuados de participación y suficiente a la información.
Estas alianzas deben vertebrarse no solo son a efectos internos nacionales, sino también internacionales. Como en cualquier problema ambiental, cada vez somos más conscientes de que para enfrentar la sequía, hay que actual localmente pero pensar globalmente.
El caso de Chile
Chile está viviendo una situación extraordinaria de sequía en los últimos años, pero el problema no es reciente. Al igual que ocurre en España, Chile es un país con unas características geografías que lo abocan a una distribución irregular del recurso y a dificultades para retener el agua. En la actualidad se ha producido una toma de conciencia muy importante sobre el problema del agua, que ha pasado a estar en la primera página de la agenda política y social del país y a formar parte del debate constituyente.
A nivel legislativo, acaba de aprobarse en el Senado que se continúe la tramitación de una modificación del Código de Aguas que introduce medidas muy interesantes: por una parte, se quiere llevar al sistema jurídico chileno la prioridad del abastecimiento y el saneamiento respecto a otros usos, y, por otra, y se han limitado los años de duración de las concesiones privadas de aguas, que pasan a un periodo de 30 años.
Con respecto a la Constitución, considero que su papel en materia hídrica es más bien simbólico, ya que la capacidad de modificar la regulación del agua viene por reformas legales concretas como la del Código de Aguas, que son las que de verdad pueden hacer por cambiar la situación de una manera efectiva y real. Una declaración meramente retórica en una Constitución por sí sola no basta para materializar ese derecho humano al agua.
En ese sentido, el peor favor que se le puede hacer al efectivo cumplimiento del derecho humano al agua es la ideologización del debate. Entrar en una discusión sectaria al final nos lleva a entretenernos, a perder el tiempo y a dificultar real y materialmente el cumplimiento de ese derecho humano al agua. Es mucho más eficaz adoptar medidas concretas de cirugía jurídica, como priorizar el uso urbano del agua, sin olvidar todo el resto de aspectos que componen la gobernanza.
Estanislao Arana
Director académico del Foro de la Economía del Agua
