Íñigo Losada, director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental, director del Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria y responsable del Grupo de Clima Marino y Cambio Climático.
La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, actualmente en tramitación parlamentaria, es una norma necesaria y urgente que plantea cómo luchar contra los efectos del cambio climático desde la adaptación y la mitigación, así como los recursos y la financiación necesarios para hacerlo.
Uno de sus puntos fundamentales es que propone la adaptación al cambio climático al mismo nivel que la mitigación. Además, define el concepto de resiliencia climática, algo que debemos fijar como objetivo de país.
España es un país extremadamente vulnerable al cambio climático. A nivel global, la temperatura ha aumentado de media 1,7 grados desde la época industrial, los veranos son más largos y se ha producido un aumento del número de horas y de noches de calor. También se ha producido una disminución de los caudales medios y de la disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos indicadores, unidos a otros como el aumento de la temperatura del agua del mar, la acidificación, o el aumento de nivel medio de los mares, señalan que el proceso se está acelerando.
En España, este hecho resulta especialmente crítico. Somos el tercer país europeo con el índice de explotación hídrica más alto, con una cantidad de personas expuestas a estrés hídrico cada vez mayor. En cuanto a las sequías, de los 9.000 millones de euros anuales de pérdidas que estima la UE por esta causa, 1.500 millones corresponden a nuestro país.
En esta situación, la mitigación es un elemento esencial, porque nos permite reducir estas amenazas. Sin embargo, no es suficiente, ya que la inercia del sistema es muy grande. Debemos emplear además la adaptación.
Adaptación y mitigación para reducir el riesgo
Los diferentes escenarios —con sus incertidumbres, evidentemente— señalan que la situación descrita va a empeorar en mayor o menor medida. Vamos hacia un aumento de las temperaturas máximas y mínimas y un incremento notable de los días de calor. Lo mismo sucede con la disminución de las precipitaciones, que repercute en la descarga media y la calidad del agua de los ríos, la recarga de acuíferos y el aumento de las sequías. Todo ello impone aún más limitaciones de recursos hídricos.
Lo que básicamente nos están diciendo estas proyecciones es que, a más emisiones, más problemas y mayores impactos, que, además, aumentan a medida que nos vamos alejando en el siglo. No nos queda más remedio que actuar.
Empleando la mitigación nos situaremos en un escenario de emisiones que genere menor riesgo. Y aplicando la adaptación, lo reduciremos. Si, como país, fijamos cuál es nuestro riesgo tolerable para diferentes áreas, como la agricultura (sequías), la población (tolerancia a olas de calor…) y actuamos también con la mitigación, estaremos ganando tiempo, que en este caso es esencial.
El reto de identificar oportunidades
La Ley está planteada principalmente en términos de riesgos, aunque quizás no lo suficiente en términos de oportunidades, que también existen.
Es importante recalcar que no solo nuestros ecosistemas y nuestra población están en riesgo, también lo están nuestras empresas y nuestro sector financiero.
Nos enfrentamos a riesgos de transición, a riesgos físicos, pero también tenemos infinidad de oportunidades que debemos identificar. En estos momentos, el sector privado está desarrollando muchas iniciativas y es un actor principal en todo lo relacionado con la adaptación al cambio climático. Quien no actúe perderá́ resiliencia, competitividad, mercados y oportunidades.
Conclusión: el cambio climático depende de nosotros
La Ley contribuye sin duda a que nuestro territorio, ecosistemas y sociedad sean más resilientes al cambio climático. Todo parece indicar no solo que nuestro territorio está cambiando, sino que va a cambiar mucho más. El modo en que lo haga depende de nosotros. Debemos actuar para ganar tiempo, y, sobre todo, para no cruzar puntos de no retorno que pueden comprometer a generaciones venideras.
La nueva legislación sienta las bases para reducir de manera notable las posibles consecuencias del cambio climático. Hemos de ser muy ambiciosos, y este grado de ambición debemos marcarlo a través de la Ley y, sobre todo, de su implementación.
La Ley establece los criterios para transformar nuestra sociedad en una economía más verde y sostenible. Pero esta transformación solo se podrá́ hacer con educación, capacitación y, sobre todo, con innovación.
Autor: Íñigo Losada, Director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria e Investigador principal de Clima Marino y Cambio Climático de la Universidad de Cantabria.
