Por Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua
La situación de crisis hídrica provocada por la sequía ha puesto, más si cabe, al agua en primera línea informativa y de atención social. Desgraciadamente, cuando existe un problema que no es acuciante ni de emergencia, la sociedad no tiene capacidad para prevenirlo, de modo que este es uno de los papeles que corresponde a los poderes públicos: mantener la atención social y actuar cuando la situación no es tan grave.
En España, desgraciada o afortunadamente, estamos acostumbrados a estos recurrentes períodos de sequía y, por tanto, más preparados que otros países europeos para luchar y resistir frente a este nuevo período de sequía. Tecnológicamente, ya tenemos gran parte de la solución al problema de la sequía y de la escasez de agua. Gracias a las técnicas procedentes de la ingeniería estamos dotados de una red de infraestructuras hídricas (embalses, canalizaciones, trasvases, etc) que nos permiten afrontar nuestro déficit hídrico, que es estructural en gran parte del país. Y ahora es el momento de que aporten en este ámbito otras ciencias y disciplinas técnicas, con soluciones como la reutilización, la desalación y la digitalización.
La tecnología relacionada con la reutilización y depuración de aguas es cada vez más importante. Su objetivo es favorecer una reutilización de aguas más eficiente, con cada vez más usos y mayor calidad. De la misma manera, la tecnología relacionada con la desalación de agua del mar es otra importante herramienta para poder contar con más recurso hídrico. En este caso, la tendencia apunta a la utilización de cada vez más energía renovable en el proceso, así como a una gestión más ecológica de las salmueras, para lograr una producción de agua dulce más barata, eficiente y sostenible.
Por otra parte, la digitalización en el sector del agua también va a resultar fundamental en los próximos años, en la medida en que va a procurar, en todos los ámbitos (urbano, regadío, etc), un mejor aprovechamiento y un menor consumo del recurso. Por ejemplo, en el ámbito urbano, ayudará a evitar las importantes pérdidas del recurso que se producen por una red y unas infraestructuras ya obsoletas y necesitadas de actualización.
Política y normativa, dos herramientas de apoyo
Desde el punto de vista político, debemos seguir poniendo el agua en primera página del debate. En este sentido, por ejemplo, me ha parecido muy interesante y positivo que el presidente de la Junta de Andalucía haya denominado a su nueva legislatura como “la legislatura del agua”. Habrá que estar muy atentos para comprobar si se trata de un simple eslogan político o, de verdad, un compromiso absoluto con las políticas hídricas en su comunidad autónoma. Sea como fuere, el simple hecho de llamar así a la legislatura que acaba de comenzar es muy positivo en la medida en que pone el foco y el acento en concienciar socialmente sobre la importancia del agua en las políticas públicas de nuestro país.
Por lo que respecta al aspecto legislativo, son muchos también los retos que afrontamos en el próximo año. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se están impulsando una serie de reformas normativas que verán la luz en los próximos meses.
En primer lugar, está en marcha una reforma de la Ley de Aguas de 2001. Todavía no se sabe con detalle su contenido, pero es de imaginar que no se corresponde con una reforma integral de esta ley sino con una modificación de aspectos puntuales que, en muchos casos, tienen que ver con reformas impuestas desde la Unión Europea. Así, por ejemplo, no sería de extrañar que se adapten una serie de medidas del Reglamento de la Unión Europea del año 2000 sobre reutilización de aguas. La normativa reglamentaria nacional reguladora de la reutilización de aguas, concretamente un Real Decreto de 2007, contiene elementos que no casan bien con la regulación europea y deberá producirse esa adaptación. Es posible que se opte por “elevar de rango” esa normativa de reutilización y parte de su contenido pase del ámbito reglamentario al de una norma con rango de ley.
Igualmente sucede con la Transposición de la Directiva denominada de aguas potables y que tiene fecha de 2020. Nuestra normativa interna (un Real Decreto de 2003) está desfasada respecto a los nuevos contenidos de esta Directiva Europea, que introduce novedades importantes en el ámbito de la calidad de las aguas, derecho humano al agua, gestión de riesgos, etc. Habrá que estar atentos a cómo se transpone a nuestro ordenamiento jurídico.
También habrá que atender normativamente y en un futuro no muy lejano todo lo que tenga que ver con la relación agua y energía. En un entorno de crisis energética como el actual, resulta esencial buscar fórmulas que favorezcan la generación de energía hidroeléctrica. Especial importancia tendrá la posibilidad de reconvertir centrales tradicionales en centrales hidroeléctricas reversibles, contando con la imbricación de las energías renovables en la generación de este tipo de energía.
Por otra parte, ya está en información pública un texto de reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que incluye reformas técnicas de carácter puntual. Finalmente, por mencionar una norma más, en este caso, en el ámbito europeo, la Unión Europea ha iniciado el proceso de reforma de la Directiva de aguas residuales vigente, que data de 1991. La depuración y reutilización de aguas es un elemento esencial, vertebrador del Derecho de aguas y de la gestión del agua del futuro y la revisión de esa norma europea, desde luego, marcará el paso para el futuro.
España y Chile: paralelismos entre dos países con escasez estructural de agua
Al igual que en el caso español, Chile está atravesando por un largo período de sequía (aunque el año hidrológico pasado no fuese tan malo como los anteriores). Se trata, al igual que en el caso español, de un país con un reparto muy desigual del agua: hay partes del país desérticas y partes donde el agua es abundante. Sea como fuere, la escasez del recurso en el conjunto del país ha hecho que, junto con otras circunstancias sociales y políticas, que el agua también esté en la primera página de la agenda política y social de Chile.
La situación política del país, con un nuevo gobierno y un proceso constituyente en marcha aunque en un impase tras el reciente y mayoritario rechazo referéndum constitucional, condiciona todo y, muy especialmente, al agua. La configuración jurídica y constitucional del agua ha estado en primera página de los debates en la constituyente y seguramente seguirá siendo así en el próximo año.
El debate estará, de nuevo, acerca de la posición que debe ocupar el agua en la nueva Constitución y qué carácter se le quiere dar a su configuración y naturaleza jurídica. El carácter de dominio público del recurso ya se tenía con la legislación anterior, sin embargo, la posibilidad de transacciones económicas con los derechos asociados al agua ha sido y será uno de los debates más interesantes al respecto.
¿Se conseguirá el Derecho humano al agua porque se reconozca en la Constitución como tal o sería mucho más eficaz no desgastarnos en esa discusión y procurar una legislación ordinaria que realmente ponga los medios para que ese derecho sea una realidad para todos los habitantes de Chile? Ese es el debate.
Estanislao Arana
Director Académico del Foro de la Economía del Agua
