Cuando las barbas del vecino veas pelar…

Gonzalo Delacámara


Octubre 4, 2017

Lecciones desde California:

Quizás el lector ignore que California, sexta economía del mundo en función de su PIB nominal, si la individualizamos respecto al resto de los EE.UU., ha atravesado durante cinco años la peor sequía en medio siglo. En abril, el Gobernador Jerry Brown declaró finalmente el final de la emergencia; sin embargo, California seguirá padeciendo escasez estructural de agua y alto riesgo de sequía. Nada que el habitante de la costa peruana no conozca de primera mano, ¿verdad?
En el cuarto año de sequía, se aprobó una orden ejecutiva que instaba a todos los asentamientos humanos del estado a reducir su uso de agua en un 25%, con sanciones de hasta US$500 diarios para quien incumpliese. A una situación así no se llega por un único motivo, desde luego. Todas las crisis son sistémicas y demandan explicaciones complejas. Sin embargo, un factor explica por encima de cualquier otro la crisis del agua (y la crisis económica asociada) en California: la falta de control en la gestión de las aguas subterráneas.
Más allá de la agricultura, la más poderosa del mundo, que proporciona hasta el 99% de la oferta de algunos productos en el país (alcachofas, nueces, kiwis, ciruelas, perejil, ajo, etc.), otros sectores industriales están entre los principales afectados por la sequía: la industria agroalimentaria (incluyendo la industria de bebidas), los productores de semiconductores, el sector energético, el turismo, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, etc.

¿Por qué debería una industria preocuparse por el agua?

En 2015, la Universidad de Irvine, precisamente en California, usando datos de la NASA, determinó que 13 de los 37 sistemas de aguas subterráneas más importantes del mundo se explotaban a tasas muy superiores a su capacidad natural de recarga. Hacer el seguimiento de las aguas subterráneas a nivel mundial es complejo. No lo es menos, sin embargo, en muchos sentidos, a nivel local, pero por razones algo diferentes a las que el lector pudiera tener en mente: la tecnología no es el principal factor limitante, pese a ser importante. El verdadero factor limitante es la voluntad de controlar los niveles de extracción, la calidad del agua de nuestros acuíferos, los niveles de recarga natural o artificial.

El caso de Perú

El Decreto Legislativo Nº 1185 en Perú viene, a mi entender, a resolver precisamente esa carencia. Ahora bien, cuando todo parece hecho, todavía queda todo por hacer. El desafío no es menor para las EPS (que habrán de desarrollar planes de gestión y monitoreo) y la propia SUNASS, en su actividad regulatoria, sino también para los principales usuarios de aguas subterráneas con pozo propio. A fin de cuentas, esta clase de esfuerzos para aumentar la seguridad hídrica a medio y largo plazo demanda una amplia alianza entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público.
En California (donde el agua subterránea representa un 60% del agua para consumo humano, frente al 38% en años con precipitaciones más altas) y en tantos otros lugares del mundo que incluyen España, con numerosos pozos ilegales, y desde luego Perú, los pozos que bombean desde los acuíferos en una propiedad privada permanecen con frecuencia al margen del monitoreo oficial. Una sociedad avanzada no puede permitirse algo así, de ahí que España, en cumplimiento de la normativa europea, y California hayan avanzado ostensiblemente en el control y gestión de las aguas subterráneas. De hecho, es ilógico que el control de los niveles de agua subterránea sea privado, pues los acuíferos trascienden, aunque de modo invisible, las fronteras de cualquier propiedad privada. En la medida en que el acuífero es un bien de propiedad común, un recurso compartido, debe ser gestionado con los beneficios para toda la sociedad y no sólo para usuarios concretos en mente.

El agua y el interes general

Para quienes creemos en la convivencia de intereses individuales y sociales, hay algo esencial que nunca deberíamos olvidar: no hay tal conflicto entre los primeros y los segundos siempre y cuando prevalezca el interés general. Y ese interés general es precisamente el que una tarifa de servicios de monitoreo y gestión de aguas subterráneas pretende garantizar.
Seguramente, frente el velo de ignorancia que se extiende sobre las aguas subterráneas, nadie tiene mejor información sobre el consumo efectivo de ese recurso que los propios usuarios. Muchas industrias han fijado de hecho objetivos para la reducción de su consumo de agua, conscientes de la importancia de ese insumo. No en vano, el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, que recoge opiniones de 750 expertos (incluyendo muchos CEO) establece año tras año las crisis de agua, incluyendo eventos climáticos y meteorológicos extremos (como sequías o inundaciones) como uno de los principales riesgos (el primero, de hecho, en 2017) para la sociedad y para la economía.

Fuente: World Economic Forum, Global Risks Report, 2017

Tarifas e incentivos

Como economista, me gustaría señalar dos aspectos no menores, desde mi punto de vista: las tarifas pueden reforzar la capacidad recaudatoria que permita hacer frente a las inversiones necesarias para monitorear y gestionar las aguas subterráneas; sin embargo, juegan un papel adicional, más importante en realidad: ofrecen un incentivo para usar menos agua. Dicho de otro modo, cualquier usuario inquieto ante el pago de la tarifa tendrá buenos motivos para introducir modificaciones en su proceso productivo que le permitan reducir el uso de agua subterránea por unidad de producto. Y hay algo más: todos deberíamos estar interesados en conocer cuánta agua subterránea tenemos, cuánta tendremos y de qué calidad. La cuenca del Murray Darling en el sur de Australia es un ejemplo estelar de cómo la mejora de los datos hidrológicos y la gestión de las aguas subterráneas beneficia a todos los actores económicos y sociales en la cuenca.
La gestión de aguas subterráneas, como tantos ámbitos de la política pública, está permanentemente amenazada por ideas míticas, falaces. Una de ellas es que no tiene sentido controlar un acuífero que no está sobreexplotado. Lo cierto es que precisamente el control es lo que garantiza que no llegue a estarlo, especialmente en acuíferos que alguna vez lo estuvieron o que se nutren de sistemas de aguas superficiales que sí lo están (el acuífero de Lima es un ejemplo de ambas situaciones). Otra de ellas, muy similar, es pensar que debe intervenirse en la crisis. Ahora bien, si algo sabe un economista es que en la crisis las opciones se limitan y el coste de las mismas es más alto. Si no lo ven, piensen en su propia salud.  

Hacía la gestión sostenible de los recursos hídricos

Hay muchos motivos por los que los principales usuarios de agua subterránea son al tiempo los principales beneficiarios de su control y gestión sostenible, como ponen de manifiesto numerosos ejemplos a nivel mundial. Por un lado, evitan el coste excesivo de suministros de emergencia en tiempos de sequía. Por otro, se evitan reacciones desfavorables y riesgo reputacional en tiempos de mayor escasez, como ocurrió en California cuando los ciudadanos no llegaron a entender que tuviesen que estar sometidos a restricciones mientras las diez principales embotelladoras de agua y otras bebidas seguían con su actividad sin mayores alteraciones.
La sobreexplotación de acuíferos conlleva costes no menores para la sociedad: aquellos asociados al hundimiento de la tierra revisen los desastres en Pekín o Ciudad de México, por no hablar de los del Valle de San Joaquín, en el Valle Central de California; al aumento de los costes energéticos (pues a medida que descienden los niveles de agua en el acuífero el esfuerzo de bombeo es superior); los costes de fuentes no convencionales (como el agua desalada o la reutilización de aguas servidas debidamente tratadas, todavía muy por encima del coste del metro cúbico de agua subterránea)… Pero déjenme que señale el que a mi entender es el desafío fundamental, que nos concierne a todas y todos: aumentar nuestra resiliencia ante la incertidumbre y los esfuerzos de adaptación que se derivan del cambio climático. La seguridad hídrica es una parte esencial de nuestra seguridad en general.

Gonzalo Delacámara
Director Académico del Foro de la Economía del Agua y Coordinador del Departamento de Economía del Agua de IMDEA Agua.
Este articulo fue publicado originalmente en El diario Expreso de Perú el 18 de septiembre de 2017.
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