El valor del agua: eje estratégico para la estabilidad económica y la sostenibilidad financiera
Ante el cambio climático, la gestión hídrica sostenible se posiciona como una prioridad urgente para gobierno, empresas e inversores, con impactos director en la solvencia financiera, el desarrollo económico y la transición ecológica.
El agua se ha consolidado como un recurso estratégico para la economía, cuya gestión sostenible es urgente frente a los desafíos del cambio climático. Su disponibilidad y calidad dependen de inversiones orientadas a modernizar infraestructuras, reducir la contaminación y adaptarse a fenómenos climáticos extremos. La relación entre salud ambiental y desempeño económico es cada vez más evidente, como advierten expertos como William Nordhaus, quien resalta cómo el deterioro ambiental afecta la productividad y estabilidad económica.
En este contexto, la sostenibilidad cobra mayor protagonismo en las decisiones políticas y empresariales. La Unión Europea ha incorporado el agua en su Taxonomía Ambiental, y en España, programas como el PRTR y el PERTE del ciclo del agua destacan su papel en la transición ecológica y su potencial como motor económico. Analizar estas políticas junto con los ODS permite avanzar hacia un modelo que combine crecimiento con responsabilidad ambiental.
El interés por la gestión sostenible del agua también se extiende a las pymes, especialmente ante la creciente exigencia de los inversores por alinear sus carteras con criterios ESG. Aunque el agua aún no recibe tanta atención específica como otros riesgos, ya se reconoce su impacto sobre la solvencia bancaria. Las agencias de rating comienzan a incluir estos factores en sus evaluaciones, conscientes de que tanto los riesgos físicos como los de transición influyen directamente en la estabilidad financiera de las empresas.
Las consecuencias económicas de los fenómenos climáticos extremos en España son claras: desde la tormenta Filomena hasta la sequía de 2023, los costes superan los 12.000 millones de euros en cinco años. Con una brecha de protección del 45,6%, España sigue por debajo de la media europea, lo que muestra la vulnerabilidad del país. Esta tendencia no es coyuntural: las sequías han aumentado un 30% desde 2000 y se estima que hasta 2050 España sufrirá el 15% de las pérdidas por sequía de la UE, con graves implicaciones para su PIB y estabilidad social.
A nivel financiero, las metodologías de calificación ESG están evolucionando, integrando progresivamente criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Mientras que en empresas se aplican modelos más estructurados, en entidades financieras y aseguradoras aún existen limitaciones por la falta de datos comparables. La transparencia y herramientas como los test de estrés climático se vuelven fundamentales para evaluar con precisión los riesgos y reforzar la resiliencia de las instituciones.
Finalmente, diversos estudios académicos respaldan la necesidad de integrar el riesgo climático, incluido el hídrico, en la regulación financiera. Se proponen incentivos como los Green Supporting Factors para fomentar la sostenibilidad, y se advierte que eventos extremos como sequías o inundaciones elevan el riesgo sistémico bancario. Una gestión deficiente del agua incrementa el riesgo crediticio, subrayando que la adaptación al cambio climático ya no es solo un desafío ambiental, sino una condición imprescindible para la estabilidad económica y financiera.
En conclusión, la integración de los riesgos climáticos, especialmente relacionados con la gestión del agua, es fundamental para fortalecer la resiliencia y sostenibilidad del sector financiero, impulsando un cambio en la evaluación del riesgo crediticio hacia una mayor consideración de criterios ESG. Las agencias de rating juegan un papel clave al incluir estos factores en sus análisis, favoreciendo calificaciones más precisas y mejores asignaciones de capital. Además, la transparencia y divulgación proactiva de los riesgos ambientales y sociales son cruciales para generar confianza y mejorar la solvencia de las entidades. En conjunto, una gestión responsable del agua y una adecuada adaptación al cambio climático se consolidan como condiciones imprescindibles para garantizar la estabilidad económica y financiera a largo plazo.
