La sequía de agua: ¿prevenir o curar?

Gonzalo Delacámara


Julio 17, 2017

Una sequía, en su dimensión meteorológica, es un descenso temporal significativo de la disponibilidad promedio de agua; en su dimensión hidrológica, se traduce en un déficit de agua para determinados usos consuntivos y no consuntivos. Desde la perspectiva de su gestión, sin embargo, una sequía no lo es hasta que no se declara.

Un decreto de mayo de 2015 declaró la situación de sequía en las cuencas de los ríos Júcar y Segura y ya se ha tramitado la prórroga hasta septiembre de 2018. El pasado 29 de junio se aprobó la declaración de situación de sequía igualmente en la parte española del Duero (la sequía afecta al 98% del territorio portugués pues no entiende de fronteras). En ambos casos, se aprobaron medidas de emergencia (tramitadas como proyecto de ley por vía de urgencia) para paliar los efectos de la sequía.

De cara a minimizar esos impactos, desde 2007 se aprobaron los llamados planes especiales de sequía en las diferentes confederaciones hidrográficas. En ellos se establecen medidas para garantizar la disponibilidad de agua para la población, evitar efectos permanentes sobre los caudales ecológicos y mitigar impactos negativos en las actividades económicas siguiendo la jerarquía de usos establecida en la ley. Para ello se definen mecanismos para la previsión y detección de sequías, se fijan umbrales para establecer fases de gravedad progresiva y todo ello garantizando la transparencia y la participación pública.

Sobre el papel uno diría que estamos preparados para resistir una sequía como la actual. La reserva hidráulica española está al 52,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente menos de 30.000 hm3, habiendo disminuido en la última semana casi un 1%. En la misma fecha del pasado año (y en promedio en los últimos diez años), almacenaban casi 40.000 hm3.

Los impactos son ya ostensibles. El potencial de generación de energía eléctrica es un 41,7% de la capacidad instalada y un 59,5% del de hace un año, algo que ya se está trasladando al precio final de la energía eléctrica, con aumentos estimados en un 10% para los próximos tres meses por la necesidad de recurrir a fuentes de generación más costosas. En Castilla y León, afectada por la sequía en el Duero, estamos ante la peor sequía desde 1992, peor incluso que las vividas en 2001, 2005 y 2009. Eso ha llevado a campañas de riego muy diferentes: la suma de carencia de precipitaciones y aumento de las temperaturas ha conducido a adelantar algunas cosechas y perder hasta un tercio de los rendimientos en la producción de cereales de invierno. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé, de hecho, que la sequía en España impulse sus exportaciones de cereal tanto por la reducción de cosechas en España como por la limitación de pastos para la ganadería.

Hay tradición en gestionar sequías y, en algún sentido, los planes de emergencia contra la sequía españoles se consideran buena práctica internacional pero, en realidad, estos planes se caracterizan por ser respuestas de emergencia, reactivas, en lugar de enfoques proactivos. Es decir, nos especializamos en la gestión de crisis en lugar de en gestión de riesgos. ¿No es en realidad lo mismo que ocurre con los desplazamientos forzosos de refugiados o el rescate de entidades bancarias o los incendios forestales? A fin de cuentas, el agua es un espacio más para la buena política pública, uno crucial.

El Gobierno ha aprobado medidas excepcionales en los últimos tres años para movilizar nuevos recursos hídricos en el Segura y el Júcar: ha financiado para ello 20 obras de emergencia y subsidiado agua desalada para el regadío. Del mismo modo, ha autorizado la extracción de agua de pozos de sequía, el intercambio de derechos de uso y aprovechamiento de agua o el uso de volúmenes de agua excedentaria por avenidas de años previos. Todo ello por un valor superior a los 60 millones de euros. Sin embargo, eso no es más que una parte de la inversión. Del mismo modo son necesarios recursos hasta los 300 millones de euros anuales para una rebaja de impuestos u otras transferencias a agricultores o ganaderos afectados.

El pago de compensaciones para quienes tengan suscritos seguros contra el riesgo de sequía (menos de un 50% de la superficie sembrada) o la reducción de módulos en el IRPF o los créditos para facilitar la financiación de la actividad agraria o incluso el adelanto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) o los planes de desarrollo rural son medidas aparentemente favorables. Sin embargo, en el mejor de los casos pueden mitigar los daños ya padecidos pero no proteger de nuevos daños por sequía.

El pasado 11 de octubre de 2016 el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó en el Congreso la proposición no de ley para un Pacto Nacional del Agua, que fue apoyada el 19 de octubre por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada también con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos-Podemos votó en contra.

No se puede apoyar cualquier pacto. Un pacto que no se anticipe, que no garantice la seguridad hídrica a largo plazo, que no resuelva determinados conflictos entre cuencas, que ignore el uso de incentivos financieros y económicos bien diseñados, que no pacte las diferencias, que no esté a la altura de los desafíos, que no complete las medidas tradicionales de oferta con medidas de gestión de la demanda, que ignore la pérdida de diversidad biológica en ecosistemas acuático, que haga abstracción de los desafíos propios del ciclo urbano del agua, que no apunte principios generales de regulación… será un mal pacto. Ahora bien, hay que creer en la posibilidad de alcanzar uno bueno porque el mayor enemigo del acuerdo en realidad es la voluntad de no quererlo. Y una vez alcanzado el consenso, habrá que esperar que no haya quien entone aquella canción de Serrat: “Me gusta todo de ti (pero tú no)”.

Parafraseando a Jeffrey Sachs, la adaptación al cambio climático, entre otras cosas, es el viaje a la Luna de nuestra generación. Confío en que estemos a la altura del desafío.

Publicado originalmente en El Confidencial el 12 de julio de 2017.

Gonzalo Delacámara
Director Académico del Foro de la Economía del Agua y Coordinador del Departamento de Economía del Agua de IMDEA Agua

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