Jose Carlos Díez


Julio 1, 2016

En 2008, el mundo vivió el comienzo convencional de la peor crisis desde la Gran Depresión. Gracias a la buena gestión con políticas monetarias y fiscales expansivas y recapitalizaciones de bancos para retornar a la estabilidad financiera se pudo evitar otra gran depresión. Sin embargo, quedan dos grandes cicatrices: la desigualdad y  la elevada deuda pública. En el caso de España, además, el elevado desempleo con una tasa de paro aún en el 20% ocho años después.

Hasta 2008 las crisis de deuda eran en países emergentes. En esta ocasión el epicentro de la crisis fue en los países desarrollados que han visto aumentar su deuda pública por encima del 100% de su PIB, 30 puntos más que en 2007. Eso supone un aumento de la deuda de 14 billones de dólares, unas 12 veces el PIB español.

La primera lección que debemos aprender es que la estabilidad macroeconómica y financiera debe ser defendida como un bien común similar al estado del bienestar. Cuando volvamos a ver que el crédito crece muy por encima del PIB deberían saltar todas las alarmas y tomar medidas preventivas para evitar depresiones que tanta infelicidad generan después.

Otra lección es que digerir una deuda pública tan elevada lleva mucho tiempo y limita la capacidad de acción de la sociedad y de los gobiernos. Eso no significa que ate de pies y manos a los gobiernos y que haya que descuartizar el estado del bienestar como defienden los ultraliberales. Significa que cuando hay menos recursos hay que poner más inteligencia.

Iniciamos esta preciosa aventura de un blog sobre sostenibilidad en su sentido amplio: ambiental, económica y social. El blog nace con vocación de contribuir al debate de ideas para reducir la pobreza, la desigualdad y hacerlo de tal modo que sea compatible con un mundo en armonía con nuestro planeta Tierra. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías para apostar por energías menos contaminantes. Por ejemplo, llenar los grandes edificios públicos de placas solares en sus azoteas permitiría previsiblemente aumentar le eficiencia, cubrir sus necesidades de electricidad, reducir el coste social de esa energía a largo plazo y, sobre todo, reducir las emisiones y la contaminación que limitan la salud de sus habitantes.

El problema es que esos cambios necesitan inversión y la elevada deuda inequívocamente las limita. Cuando una familia está muy endeudada, antes del desahucio vende su casa para pagar la deuda. Si la casa vale menos que la deuda, la familia tiene un problema y necesita de la intervención del Estado con leyes de segunda oportunidad. Cuando una empresa tiene problemas para afrontar la deuda vende activos y en el límite vende la empresa a otro inversor que tenga músculo financiero para inyectar capital y hacer frente a esas deudas para evitar el impago.

En España nuestra pertenencia al euro facilita que el Banco Central Europeo (BCE) compre nuestra deuda. Eso lo puede hacer un banco creíble con su objetivo de inflación. De lo contrario la intervención del banco central habría provocado una fuga de capitales huyendo de la inflación esperada y una gran depresión como la que vivió México en 1994, Tailandia y los periféricos asiáticos, Brasil y Rusia en 1998 o Turquía y Argentina en 2001.

Medidas así han evitado mayores ajustes y ventas forzadas de activos o privatizaciones que, por ejemplo, Syriza en Grecia no ha sido capaz de evitar. Sin embargo, algún día el BCE dejará de comprarnos la deuda y España aún tiene un largo camino por recorrer para reducir su déficit y estabilizar su endeudamiento si no quiere sufrir nuevas crisis financieras en el futuro.

El principal problema de este tipo de crisis es que restringe las nuevas inversiones y las economías entran en estancamiento secular. En esa situación, las inversiones públicas realizadas durante décadas se van deteriorando y eso limita aún más la capacidad del país para aumentar el empleo, mejorar el nivel de vida y revertir la desigualdad y la pobreza que ha generado la crisis.

En esos momentos surge la oportunidad de inversiones públicas con participación privada. En muchos casos mediante concesiones se genera un monopolio natural donde la clave de la eficiencia es tener una buena regulación y un regulador fuerte que garantice el cumplimiento del bien común y no sólo satisfacer el beneficio de los inversores privados.

En España un buen ejemplo es la gestión del ciclo urbano del agua. El agua es un bien de dominio público y además un bien público, salvo en relación al abastecimiento donde también es posible una gestión privada de los servicios. El 70% de consumo de agua se da en la agricultura por lo que el consumo humano no es el principal problema de sostenibilidad y gestión del recurso.

La prioridad en la gestión del ciclo urbano es que los ciudadanos tengamos agua de calidad, clave para nuestra salud y esperanza de vida, y a un precio razonable. En España el pasado siglo se hicieron las grandes infraestructuras hídricas pero fue con la llegada de la democracia cuando se acometió la mejora de infraestructuras en las ciudades para disponer de buena calidad de agua a buen precio y dar un servicio con cobertura universal. En 40 años España ocupa posiciones destacadas en los ranking mundiales en calidad de los servicios urbanos de agua, la cobertura universal es un hecho y todo ello a un precio por debajo de nuestros socios europeos; además, somos líderes mundiales en tecnología y gestión del agua.

No obstante, desde 2007 las inversiones en mantenimiento de la red se han parado de modo casi total. En paralelo, ha surgido un movimiento que defiende la remunicipalización de muchas concesiones y que, para financiar esas nuevas inversiones, propone ocasionalmente subir el nivel de la tarifa del agua. El ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde está mi querida Universidad, lo ha resuelto con un sistema de tarifas cruzadas penalizando con una escala progresiva a los que más agua consumen, principalmente los que tienen piscinas, y manteniendo tarifas a las rentas más bajas golpeadas por la crisis.

Alcalá es uno de los ayuntamientos más endeudados del mundo con un 275% de deuda sobre ingresos anuales. El promedio de los ayuntamientos tiene una ratio del 50%. Eso limita mucho su capacidad de mejorar la red, incorporar nuevas tecnologías y conseguir el objetivo de que los alcalaínos tengan buen agua a buen precio y garantizando la preservación del medio ambiente. Manteniendo la titularidad pública de los servicios, se pueden hacer colaboraciones privadas para conseguirlo.

El ayuntamiento de Ibiza por el contrario no tiene deuda. Su depuradora está preparada para 50.000 personas y en agosto la isla recibe 400.000 visitantes. Como resultado de ello, Ibiza vierte al mar sin tratar el 63% de sus aguas residuales, poniendo en riesgo en riesgo los campos de posidonia, una planta que permite tener aguas cristalinas en sus playas, clave de su éxito turístico. Ibiza, sin problemas de deuda, puede decidir libremente cómo acometer esa inversión; su problema es que Ley de estabilidad presupuestaria le limita el gasto y no les permite hacer la inversión.

He usado el ejemplo del agua pero parte de este argumentario valdría para cualquier otro bien. Si no hay recursos hay que utilizar más inteligencia. Eso es lo que ha permitido al ser humano primero andar de pie y luego evolucionar hasta la cúspide de la evolución.

En su momento decidimos organizar los Foros de Economía del Agua por nuestras inquietudes en relación a estos temas y, por la misma razón, desde la Universidad de Alcalá hemos decidido poner en marcha este blog sobre sostenibilidad social y ambiental. Crear la burbuja inmobiliaria fue un grave error de la sociedad española. Ahora, con la deuda pública al 100% del PIB no podemos permitirnos el lujo de seguir cometiendo errores.

Espero que el blog sea de tu interés y te sumes a nuestro viaje para conseguir una España y un mundo mejor que ponga al ser humano en el centro de las decisiones. Luchemos por conseguir nuestros sueños imposibles.

José Carlos Díez
Profesor de economía de la Universidad de Alcalá

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